28 de Noviembre 2020

Noticias

27/07/2020

Las soluciones para el sector más vulnerable

Un proyecto de la Facultad de Ciencia Política para la economía social fue seleccionado por el programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología covid-19 de la Nación.


 



Entre los trabajadores, los únicos que no vieron reducidos sus ingresos son quienes los reciben del Estado y los perceptores de programas sociales. El resto, asalariados formales e informales, independientes, cuentapropistas, en menor o mayor medida, sufren las consecuencias de una economía globalmente frenada por la pandemia.

Los que participan del  mundo del trabajo sin patrón se encuentran entre los más afectados, porque ya formaban parte de un sector muy golpeado en años anteriores. Se trata de grupos laborales que no cuentan con un salario y que por lo general no acceden a la seguridad social o lo hacen de manera parcial. En el contexto actual, requieren soportes especiales que faciliten la continuidad de su actividad o un complemento para sus escasos ingresos.

En este sentido, el gobierno nacional y los respectivos gobiernos provinciales y municipales están implementando un conjunto de políticas tendientes a proteger a los sectores más perjudicados. Un proyecto de la Facultad de Ciencia Política de la UNR busca fortalecer las capacidades locales en la gestión de políticas públicas destinadas a trabajadores y trabajadoras de la economía social, solidaria, popular y de la agricultura familiar. La iniciativa fue seleccionada y recibirá financiación por parte del programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología Covid-19  de la Nación.

La directora, María Victoria Deux Marzi comentó que uno de los principales obstáculos en la gestión de estas políticas reside en el acceso a la información y a los canales para solicitar y efectivizar las prestaciones del Estado. Por ello, en el año 2017 se creó el Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular y Solidaria (OPPEPS) como un dispositivo de registro y difusión de los organismos públicos y sus políticas, presentes en la administración nacional, en todas las provincias del país y los municipios del Conurbano Bonaerense, Rosario y Santa Fe.

Sin embargo, la situación particular producida por el Covid-19 plantea la necesidad de fortalecer los canales de comunicación y acceso a estas políticas, así como los diagnósticos acerca de las condiciones de trabajo y de vida de esta población y su vínculo con los programas.

“En este proyecto nos proponemos apoyar la gestión del gobierno de la provincia de Santa Fe y de sus municipios difundiendo la información relevada por el Observatorio, pero también actualizando periódicamente aquella que refiere a las políticas destinadas a apoyar a estos sectores de la población en el contexto de la pandemia”, explicó la Dra. en Ciencias Sociales de la UNR.

Paralelamente, el análisis crítico de estas políticas permitirá analizar las relaciones entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil en la gestión y la identificación de demandas que aún no hayan sido atendidas. “Ello nos permitirá elaborar informes y proponer líneas de acción posibles que contribuyan en los procesos de toma de decisiones”, sostiene la co directora del Observatorio.

Medidas para los más vulnerables

A muy poco de comenzada la cuarentena el gobierno nacional puso en marcha medidas redistributivas para disminuir los efectos de la crisis. Así comenzó a implementar una gama de intervenciones, que buscaron, entre otras cosas, facilitar que los empleadores de empresas sin actividad pudieran pagar los salarios y los trabajadores independientes afrontaran su subsistencia durante la emergencia.

“Merece ser destacada la velocidad de la respuesta”, afirma la investigadora de la UNR. Desde la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a fines de marzo se implementaron numerosas medidas, algunas son específicas para la economía popular, social y solidaria, como la Línea 1 de emergencia del Programa Trabajo Autogestionado o los créditos para cooperativas de trabajo. Mientras que otras están diseñadas para las empresas y los trabajadores en relación de dependencia pero abren alguna posibilidad de acceso para cooperativas y mutuales que contratan trabajadores, como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción  y la activación del Programa de Recuperación Productiva.

En cuanto a los sujetos a las que se orientan, “la gran mayoría de las medidas se dirigen a lo que llamamos la economía social y solidaria, aunque las de mayor cobertura y relevancia en erogaciones públicas son aquellas que apuntan a las situaciones de mayor vulnerabilidad social”, comenta Deux Marzi y destaca la intersectorialidad (al menos seis ministerios y diferentes reparticiones están involucrados) así como la diversidad de aspectos, demandas y necesidades que las intervenciones cubren.

“Algunas tienen una clara perspectiva coyuntural, son productos de la emergencia y dejarán de ser necesarias cuando se llegue a eso que se ha dado en llamar la pos-pandemia”, explica. “Otras apuntan a necesidades estructurales que se deberían mantener en el largo plazo si se quiere constituir un sector, que dentro de una economía mixta o plural, dispute espacios al capitalismo y contribuya a una nueva sociabilidad basada en la cooperación, solidaridad y reciprocidad”, agrega.

Pese a la importante respuesta estatal, la investigadora subraya la disparidad en el tratamiento entre sectores, que marca la diferencia en el reconocimiento social de los distintos trabajos: “Los trabajadores asociativos autogestionados están limitadamente incluidos en el radar de estrategias nacionales para paliar la crisis y numerosas cooperativas de trabajo y sus federaciones han manifestado la necesidad de políticas similares a las destinadas a PyMES y grandes empresas”.

Las mayores críticas se centran en la enorme diferencia que existe entre el monto de los subsidios para los trabajadores asalariados y los que perciben los autogestionados, en tanto los primeros duplican el valor de los segundos. También cuestionan la relativa lentitud con la que se implementaron las medidas para este sector, que sigue muy por detrás, en tiempo y beneficios, al trabajo dependiente.

“Algunos indicios, nos llevan a conjeturar que la crisis estaría produciendo un punto de inflexión en las políticas para la EPSS, a partir del incremento de las herramientas de promoción así como las protecciones para sus trabajadores puestas en marcha, lo que haría esperable que en el período post-pandemia resulte difícil desandar procesos de institucionalización de derechos y reconocimiento de necesidades de los trabajadores sin salario”, sostiene Deux Marzi.

En cuanto a los escenarios que abrirá la post pandemia, específicamente en relación a los ingresos de los sectores más vulnerables y sobre las condiciones para el trabajo de los no asalariados, la especialista en economía social formula algunas preguntas para la reflexión: “¿La experiencia del IFE dará paso a un ingreso/renta universal ciudadana tal como viene siendo discutido a nivel internacional y nacional? ¿para quienes y para cuántos? Las desigualdades entre los diferentes colectivos laborales es otro punto que la crisis puso sobre la mesa. ¿Habrá medidas estructurales que ayuden a “emparejar” las protecciones y condiciones de trabajo de quienes se desempeñan sin un patrón?”.

 

 

 

 

 


  • Periodistas: Victoria Arrabal
  • Fotógrafos: Camila Casero