22 de Enero 2018

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27/12/2017

Zona liberada

El Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario realizó una investigación sobre "Políticas públicas y desigualdades urbanas: jóvenes, violencias  cotidianas y narcotráfico".


 



El objetivo del proyecto gira en torno a las desigualdades urbanas en relación a las transformaciones de la ciudad de Rosario en los últimos años y hace foco en las políticas estatales en contextos barriales de pobreza estructural donde se presentan situaciones de violencia derivadas del narcotráfico y de la disputa de territorios.

Dos dimensiones atraviesan la investigación: por un lado las experiencias de los jóvenes, teniendo en cuenta sus trayectorias familiares, educativas y recreativas. Por el otro, la perspectiva de los profesionales, a partir de sus prácticas barriales en instituciones estatales. Se parte de una perspectiva  socio antropológica que prioriza el trabajo de campo sumado a las fuentes documentales y periodísticas, para realizar avances en la construcción de conocimiento.

Para realizarlo los investigadores relacionaron las voces que emergen de los conflictos territoriales, con las voces de los profesionales desde sus lugares institucionales de referencia en los barrios. Paralelamente, llevaron a cabo un rastreo en los diarios locales para relevar información sobre homicidios, rencillas y disputas en esos territorios. De esta manera,  llegaron a situar y diferenciar zonas y conflictividades de la ciudad en las cuales ciertos jóvenes de sectores sociales periféricos se presentan como víctimas/victimarios ligados a una economía delictual que en algunos casos les cuesta la vida propia o ajena.

“Un elemento central del trabajo es el concepto de “joven” que la ciudad piensa desde un lugar homogéneo y generacional cuando se trata de un concepto histórico, socioeconómico y sociocultural”, explica Edith Cámpora. Una de las dimensiones analizadas es la estigmatización ya sea por rasgos físicos o por la zona en que viven. Esto también se ve  reflejado en los comentarios publicados en los medios de comunicación  y en las redes sociales cuando alguno de estos jóvenes son asesinados, con frases tales como “uno menos”. “Hay muertes que parecieran ser toleradas e incluso festejadas”, afirma la antropóloga.

“Nos preocupa que no se pueda socializar en la población una dimensión de mayor empatía con estos sectores como sí quizás la hay con jóvenes de clase media y alta cuando sufren violencia y la sociedad sale a apoyar y movilizarse”, reflexiona.

Los investigadores afirman que la desigualdad social  proviene directamente de la falta de salida laboral y de articulaciones con políticas estatales que permitan saltar esa brecha. “La falta de trabajo no se debe a la  pereza o por pretender vivir de planes”, aclaran.   

El equipo de la Facultad de Humanidades formado por Martín Casella y Julia Serra, sostiene que la presencia de políticas sociales juveniles está claramente  discriminada  en el macrocentro y en la periferia. Como ejemplo mencionan el presupuesto participativo joven en el que aparecía como opción un programa sobre adicciones pero sólo en los barrios y en cuanto a capacitaciones, las propuestas eran peluquería, jardinería y construcción, frente a otras variadas alternativas para los jóvenes del macrocentro. 

Violencia y narcotráfico

“Una vez que el narcotráfico está instalado en estos territorios, de manera directa o indirecta está vinculado a la violencia”, expresan los investigadores  y cuestionan el  tratamiento de algunos medios de comunicación que consideran la violencia como algo individual, familiar o barrial, cuando “ningún proceso social puede ser entendido si no se ubica dentro de una trama multidimensional”.

En relación a los  bunkers, explican que los jóvenes casi niños, en situación de soldaditos, están en territorios donde existe una dependencia policial y escasa presencia de instituciones. La liberación de la zona, implica “dejar hacer” a las bandas y que la población de ese barrio quede presa de las mismas. “En ese escenario los niños quedan doblemente presos: de la ausencia del Estado, del narcomenudeo que ellos mismos protagonizan por  no quedar otra salida  y de la violencia que las bandas instauran en esos territorios”.

Para analizar los dispositivos de seguridad, durante el trabajo de campo realizaron  un relevamiento de la instalación de las cámaras de seguridad en la ciudad y detectaron que las mismas están ubicadas cercando el centro y la zona de Puerto Norte. En los barrios no hay cámaras a pesar de ser los lugares que  sufren los mayores índices de inseguridad y delito.

¿Cómo se construye el sentido acerca de lo que es la seguridad, para quién se construye, de quién se protege a los que están inseguros?, se preguntan los antropólogos. Asimismo, cuestionan esa lógica de policializar la seguridad dado que se pierden de vista otros elementos a tener en cuenta o se focalizan para determinada población y no para otra.

Del trabajo surge que “los jóvenes encuentran cerradas sus posibilidades de ascenso social en relación a sus contextos socioeconómicos desiguales y un abandono de la protección del Estado en políticas específicas hacia esos sectores. Por otro lado, son los propios profesionales que trabajan en instancias gubernamentales los que visualizan esas “diferencias” y “exclusiones”, las denuncian e intentan modificar las situaciones de precariedad en determinados  barrios. “La creciente crisis socioeconómica precariza aún más los contextos barriales bajo estudio. Revisar las políticas sociales en este nuevo escenario es tarea urgente de nuestra investigación”, proponen como continuidad del trabajo.


  • Periodistas: Victoria Arrabal
  • Fotógrafos: Camila Casero
  • Infografía:
  • Realizadores:

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